La Tarjeta Alimentar es un beneficio que otorga el Estado para la compra de alimentos. Está dirigido a madres o padres con hijos e hijas de hasta 14 años que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a embarazadas a partir de los 3 meses que cobran la Asignación Universal por Embarazo (AUE). La Tarjeta Alimentar se entiende como un complemento alimentario AUH y otros beneficios. Está a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, dentro del Plan Argentina contra el Hambre.
¿Es un buen programa para atacar la pobreza?
Si bien es un programa bien foalizado, el 90% de esas transferencias va al 50% más pobre del país. La Tarjeta Alimentar se suma a la lista de programas asistenciales que ya se administran a nivel nacional por múltiples ministerios, a nivel provincial y municipal. El resultado es cientos de programas descoordinados y superpuestos. La superposición implica la duplicación innecesaria de gasto públicos y estructuras burocráticas con un mismo objetivo.
La misma Tarjeta Alimentar es un prueba del uso clientelar que se hace del asistencialismo. Si el objetivo declamado es que funcione como complemento de la AUH, lo lógico hubiera sido canalizar el beneficio complementario por la misma tarjeta con que la familia cobra la AUH. Pero se optó por entregar otra tarjeta. De esta manera, se organizan eventos en donde políticos y militantes se sacan fotos haciendo la entrega, pero fundamentalmente con la entrega física de la tarjeta le explicitan al beneficiario quién es el que está entregando el beneficio. Además, una segunda tarjeta le deja bien en claro que está recibiendo otro beneficio asistencial, además de la AUH. El objetivo claramente es la manipulación de la gente basada en su necesidad, que es precisamente a lo que alude el concepto de clientelismo.
La Tarjeta Alimentar es más de lo mismo: superposición de gasto y burocracia en la política asistencial, agregando más clientelismo.
¿Como debería ser la política asistencial?
Es fundamental ordenar los roles. Los niveles nacional y provincial pueden involucrarse en el financiamiento, las definición de las reglas de elegibilidad y en el control de que dichas reglas sean cumplidas. Los municipios son los que deben gestionar el programa. Esto es, seleccionar a las familias aplicando las reglas de elegibilidad definidas. La política asistencial debe ser gestionada a nivel municipal por ser el nivel de gobierno más cercano a la problemática de la pobreza.
En esta lógica se deberían unificar todos los planes asistenciales nacionales y provinciales que implican transferencias de ingreso a los pobres en un único plan con reglas de elegibilidad simples y transparentes a ser aplicadas por los municipios.
Esto implicaría que los ingresos lleguen a los pobres por un único mecanismo simple, transparente y auditado.
