Adepa emitió su informe semestral de Libertad de Prensa durante su 58a Asamblea anual, que se realizó ayer en formato virtual.
“Como sostenía Gregorio Badeni, sin independencia de poderes y un ámbito propicio para el desarrollo empresarial, la libertad de prensa es un concepto abstracto. Más aún, la autonomía de la prensa y la independencia de la Justicia son indicadores de la propia salud de la República”, expresó Daniel Dessein, titular de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de Adepa, durante la lectura del informe ante directivos y representantes de medios de todo el país.
“Vivimos tiempos complejos que requieren cuidados especiales -agregó el directivo-. Las tensiones, urgencias y expectativas se multiplican en nuestra sociedad. También crece el riesgo de deteriorar severamente el clima que requiere la discusión pública para afrontar sus retos y resolver sus problemas. Existe una responsabilidad primaria de los gobiernos, a nivel nacional y local, en la preservación de ese clima. Pero el resto de los sectores de cada comunidad deben contribuir al intercambio de ideas y la búsqueda de consensos, evitando que los argumentos sean reemplazados por descalificaciones o las razones por violencia”.
Adepa también se refirió a las situaciones de riesgo para el ejercicio de la profesión periodística que aparecieron durante la pandemia. “El respeto por el trabajo periodístico, reconociendo los derechos que implica y preservando las condiciones necesarias para su desenvolvimiento, es una premisa ineludible para resguardar el vigor y la amplitud del debate que nutre a toda democracia. Las muestras de intolerancia contra la prensa y la crítica encienden las primeras señales de alarma para el mantenimiento de los acuerdos básicos que sostienen nuestra convivencia”, afirmó el titular de la Comisión de Libertad de Prensa e Información.
El informe detalló algunos casos concretos en el que se puso en evidencia el enrarecimiento del clima en el debate público en nuestro país: amenazas, declaraciones destempladas y señalamientos estigmatizantes estimulan el conflicto y la autocensura.
Dessein mencionó el caso de Luis Majul, el periodista que denunció ataques de sectores políticos y sindicales, que incluyen una extensa campaña de descalificación y una arbitraria vinculación de su nombre en causas de espionaje de las que el periodista señaló que es ajeno. Vinculadas a este último ámbito, se hicieron públicas operaciones de seguimiento ilegal en 2018, atribuidas a la anterior gestión de la AFI, contra los periodistas Rodis Recalt y Hugo Alconada Mon. Los amedrentamientos anónimos, en muchos casos muy graves como los destinados al periodista Diego Brancatelli, se incrementaron.
También se refirió al video publicado en junio por la vicepresidenta de la Nación en el que aparecían imágenes de periodistas superpuestas a un discurso que condenaba la “cobertura de los medios hegemónicos” y denunciaba una “complicidad” con el gobierno anterior. Y a la aberrante expresión de Eugenio Raúl Zaffaroni, exjuez de la Corte Suprema de la Nación y actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien afirmó que «los medios de comunicación son un partido único, con el equivalente al partido de Hitler».
El informe de Adepa también hizo una mención a la abortada cláusula contra la prensa, impulsada por el senador Oscar Parrilli en el debate sobre la reforma judicial, representó un riesgo para la libertad que requiere el periodismo. “Se trató de una disposición ambigua, que actuaba como una amenaza indefinida para la labor periodística, cuya justificación implícita se apoyaba en la teoría del Lawfare, que plantea una supuesta connivencia entre sectores de la política, la Justicia y los medios”, dijo Dessein.
Un párrafo aparte merecieron los abusos contra la labor periodística en la implementación de protocolos sanitarios o excesos en el intento de resguardar la salud pública con improcedentes medidas de ciberpatrullaje o el impulso de normas contra la desinformación que atropellan la libertad de expresión. En junio, el periodista chaqueño Gustavo Romero sufrió un allanamiento de Gendarmería Nacional con el propósito de verificar si era de su autoría una publicación sobre casos de coronavirus en su provincia. En julio, efectivos de la Policía de Santiago del Estero retuvieron sin causa al periodista cordobés Gabriel Varela y luego lo escoltaron hasta el límite de la provincia, bajo el pretexto del estricto cumplimiento de los protocolos de emergencia por el Covid-19.
Por último, en agosto, entró en vigencia en Tucumán una ley sancionada por la Legislatura provincial que pena con multa o arresto de hasta 10 días a quien difunda “por redes sociales noticias que resulten total o parcialmente falsas”. “Esta ley resulta incompatible con normas constitucionales y con estándares internacionales que protegen a la libertad de expresión en el sistema constitucional argentino”, afirmó Dessein.
El informe de Adepa también reflexionó sobre los avances en el debate público en relación con la regulación de las plataformas. “Países como Australia o los que integran la Unión Europea han sancionado directivas, leyes y reglamentaciones que protegen los derechos de autor en el mundo digital. Grandes empresas tecnológicas han aceptado la necesidad de regulaciones en ciertos ámbitos y en algunos casos avanzan con acuerdos con medios para remunerarlos por sus contenidos”, señaló.
“Las regulaciones no deben cercenar la libertad de expresión ni, en particular, inmiscuirse con los contenidos. Esto es algo que ocurre con lo dispuesto por el reciente decreto de necesidad y urgencia del Ejecutivo nacional, que declara servicios públicos, entre otras cosas, a la televisión por cable, una norma que no registra antecedentes en el mundo libre.
Los avances legislativos en distintos países, el reconocimiento de los derechos de la industria periodística y la profundidad que adquiere la discusión pública sobre estas cuestiones abren un horizonte indispensable para la sustentabilidad del periodismo”, especificó Dessein.
